Nueva Constitución:

En Chile, las mujeres dedican en promedio seis horas al día al trabajo no remunerado de cuidar la familia –hijos, padres y familiares mayores o con discapacidad–, en tanto los hombres dedican a esto solo 2,4 horas al día. Expertas del Hogar de Cristo, plantean la urgencia de contar con una política pública integral de cuidado con enfoque de género en la nueva Constitución.

Por María Teresa Villafrade

26 Abril 2022 a las 16:36

Según un estudio de Comunidad Mujer, considerando sólo las horas de trabajo productivo, las mujeres desarrollarían un 71,7% del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Esta injusta y desigual situación es la gran deuda pendiente que se tiene con las mujeres en nuestro país.

Hace poco, se lanzó el libro Familias, Infancia y Constitución, una publicación conjunta del Centro Iberoamericano de Derechos del Niño (CIDENI), Familias Ahora y el Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown. En esta obra se aúnan distintas reflexiones académicas en torno al proceso constituyente que vive Chile y los derechos de niños, niñas y adolescentes, en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Uno de los capítulos que queremos destacar de esta publicación, es el de “Política integral de cuidado con enfoque de género: Consideraciones para una nueva Constitución”, elaborado por la Jefa del Área de Desarrollo de la Dirección Social de Hogar de Cristo, la psicóloga Claudine Litvak, y  la investigadora Carola Salas Miño.

¿POR QUÉ RAZÓN?

Litvak y Salas señalan que “hoy en nuestro país tenemos la oportunidad única de posicionar el derecho al cuidado como un eje fundamental en una nueva Constitución, visibilizando lo que hasta hoy ha sido un soporte gratuito a la economía, pero con altos costos para la mujer y sus posibilidades de desarrollo en diferentes ámbitos”.

Las investigadoras Carola Salas y Claudine Litvak.

En la introducción, las autoras parten señalando que en la mayoría de las sociedades hay una injusta y desigual distribución del cuidado. “A lo largo de la historia, el cuidado ha sido invisibilizado por la sociedad y relegado al mundo privado y familiar, siendo un rol asignado culturalmente a las mujeres. En paralelo, el Estado y el mercado no entregan una oferta adecuada a esta demanda de cuidado, con políticas insuficientes y servicios fragmentados, centrados en las mujeres trabajadoras”.

Numerosos estudios evidencian el impacto negativo que esta realidad significa tanto en la vida de las mujeres como en la de sus hijos. En su conjunto, este fenómeno se ha denominado: crisis del cuidado, momento en el que la necesidad de respuestas públicas sostenibles y la implicación del Estado, el mercado y las empresas, como principales partes afectadas e interesadas en la búsqueda de soluciones, se ha vuelto imperiosa y urgente.

La pandemia del COVID-19 puso en evidencia “la precariedad de la actual política pública y la urgencia de una mayor inversión en esta materia; particularmente para el caso de niñas, niños y adolescentes”.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR CUIDADO?

El concepto de cuidado se refiere al conjunto de actividades que posibilitan el bienestar físico y emocional de las personas, incluyendo la educación y formación, el mantenimiento de las relaciones sociales, el apoyo psicológico, y la preservación de los espacios y bienes domésticos.

Las políticas de cuidado abarcan a las personas receptoras de cuidado, pero también a quienes proveen este cuidado. En este contexto, surge la noción del cuidado como un derecho: “El cuidado es una función social que involucra a personas destinatarias y proveedoras y que debería entenderse como un derecho (a cuidar, a ser cuidado, a no cuidar y a autocuidarse). Quien cuida asume responsabilidades hacia la otra persona y realiza diferentes tipos de esfuerzos físicos, mentales y emocionales. El cumplimiento de esta responsabilidad genera un vínculo emocional entre quien cuida y quien recibe el cuidado”.

Otro concepto fundamental es la economía del cuidado, que comprende una amplia gama de trabajo productivo, que incluye actividades laborales remuneradas y trabajo no remunerado (ver figura 1). Estas proporcionan cuidados directos e indirectos necesarios para el bienestar físico, psicológico y social fundamentalmente de los grupos dependientes de cuidados, tales como los niños, las personas mayores, los discapacitados y los enfermos.

La economía del cuidado relaciona la manera en que las sociedades organizan el cuidado de sus miembros y el sistema económico. La forma en que los hogares, las comunidades, el mercado y los Estados resuelven las necesidades de cuidado es relevante no solo desde el punto de vista de la reproducción social y el bienestar individual, sino también de la producción, el empleo y el desarrollo sostenible.

SIN CUIDADOS EL FUTURO DE UNA SOCIEDAD ES INVIABLE

En América Latina el cuidado no ha sido visible para la economía ni para el desarrollo. El tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado constituye casi la mitad del tiempo total de trabajo, resultando fundamental para mantener las condiciones de sostenibilidad del sistema en su conjunto, ya que todas las personas, en todos los momentos del ciclo vital necesitan cuidados. Sin los cuidados, el resto de las actividades no pueden funcionar.

Los datos señalan que en el mundo las mujeres dedican en promedio 4,4 horas por día a trabajos de cuidado no remunerado versus 1,3 horas de los hombres. En Chile, la proporción de tiempo dedicado por las mujeres al trabajo no remunerado es alrededor de 6 horas diarias; en tanto, los hombres dedican un promedio de 2,7 horas al día.

Si valorizamos en términos económicos esta contribución, en Chile, un estudio estima que el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado alcanza 44,5 billones de pesos en 2015, año en que el PIB Ampliado fue de 204 billones de pesos, es decir un 28% más que el PIB corriente de esa fecha. Esto equivale al 22% del PIB Ampliado.

CASTIGO A LA MATERNIDAD

Claudine Litvak y Carola Salas agregan que existen múltiples estudios que demuestran que las responsabilidades de cuidado de los hijos, que asumen principalmente las mujeres, explicarían en gran parte la desigualdad en la participación laboral e ingresos entre hombres y mujeres. Incluso, esto se ha catalogado como un “castigo a la maternidad”, ya que afecta exclusivamente la carrera laboral de las mujeres con hijos, no así la de los hombres con hijos.

“Muchas elijen no participar en el mercado de trabajo o hacerlo en ocupaciones independientes, por cuenta propia o en jornadas parciales como una estrategia de conciliación, empleos que suelen ser de menor calidad, sin protección social y salarios inferiores”, señalan.

La incidencia de pobreza es superior en aquellos hogares con jefa mujer. Así el 11,4% de los hogares con jefa mujer vive en situación de pobreza versus un 7,6% de los hogares cuyo jefe de hogar es hombre. Además, en todos los estratos socioeconómicos, los ingresos de los hogares con jefa mujer son inferiores a aquellos en que el jefe de hogar es hombre, por lo tanto presentan una mayor vulnerabilidad socioeconómica; todas estas variables que hacen aún más complejo y estresante entregar un cuidado de calidad a sus hijos/as.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Las investigadoras proponen reconocer el derecho al cuidado como un eje central que debiera convertirse en uno de los pilares de la protección social en Chile. “Esto implica desarrollar políticas públicas que permitan que este reconocimiento, redistribución y reducción de trabajos de cuidados se materialicen en la cotidianeidad de las personas. Lo anterior es un cambio paradigmático profundo, que requiere que el Estado lleve a cabo una política seria de sensibilización y transformación cultural”.

Se trata de una tarea de largo plazo que requerirá de campañas de información, educación sin estereotipos de género en el colegio y sensibilización de actores clave como empresas y sindicatos.

Junto con analizar cada una de las políticas que actualmente se están implementando en esa dirección como el permiso post natal obligatorio para ambos padres y la educación pre escolar, se proponen transferencias monetarias no condicionadas y la creación de un sistema integral de cuidado, que soporte las responsabilidades y obligaciones de todas y todos aquellos que cuidan a quienes serán el futuro de nuestro país.