María Isabel Robles:

Ad portas de ser promulgado un proyecto de ley que reconoce los derechos fundamentales de las personas con discapacidad psíquica o intelectual, conversamos con la directora técnica del Hogar de Cristo sobre los pro y los contra de esta iniciativa cuyo inicio data de marzo del 2016.

Por María Luisa Galán

10 Mayo 2021 a las 18:49

“Mi hija tiene problemas psiquiátricos y no quiere estar en la casa, amenaza con matarse, ya ha estado dos veces internada en psiquiatría con corta estadía y en el hospital ya no hay cupo. Necesito información y orientación ya que esto se me escapa de las manos”, escribió hace unos días una desesperada madre, pidiendo orientación a nuestro sitio web.

Así como ella, son miles las personas que directa o indirectamente, lidian con temas relacionados a la salud mental, un ítem históricamente abandonado y estigmatizado en Chile. Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) el año 2018, el 17% de la población nacional tiene síntomas depresivos y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Chile tiene la población con más altos niveles de depresión, a pesar de tener un ingreso per cápita elevado.

¿Qué es depresión? Según el COES: “Se caracteriza por un bajo estado de ánimo, pérdida de energía, baja autoestima y disminución de interés en actividades que antes eran normalmente placenteras. Además, puede ir acompañada de irritabilidad, ansiedad, cambios en el sueño y el apetito, disminución de la concentración, sentimientos de culpa y, en el peor de los casos, puede conducir al suicidio. Todo ello involucra un funcionamiento disminuido en actividades sociales, educacionales y laborales, afectando diferentes aspectos del diario vivir”.

De acuerdo al COES, el nivel socioeconómico, años de escolarización y ser mujer, son factores que inciden al ahora de hablar de depresión. Mientras menos recursos, más altos son los índices de problemas de salud mental. Según los expertos la razón es el difícil acceso a recursos por parte de los afectados. En cuanto a educación, señala que la prevalencia de depresión severa es cuatro o cinco veces mayor en personas con sólo educación básica. La investigación, además, identifica en las mujeres mayores síntomas depresivos severos, siendo un 9% en ellas y un 5% en ellos.

A fines de abril, la Cámara de Diputados ofició al ejecutivo para que promulgue un proyecto de ley sobre salud mental que tuvo sus inicios en marzo del 2016. Entonces, la moción, en su punto cuatro, señalaba: “En Chile, no existe una legislación específica sobre salud mental, su regulación se encuentra dispersa en diversas normas”. Cinco años después, si bien los expertos reconocen su avance, la iniciativa tiene carencias.

“Es una mal llamada Ley de Salud Mental, porque lo que se está discutiendo es un proyecto de Ley de Protección de la Salud Mental y está muy orientada a personas que presentan afecciones de salud mental o abiertamente alguna discapacidad psíquica o intelectual. Lo que propone esta ley es hacer definiciones y declaraciones para el respeto de los derechos fundamentales de estas personas, muy orientada a evitar a que se generen más situaciones de vulnerabilidad, estigmatización, discriminación y marginación hacia este grupo”, dice María Isabel Robles, trabajadora social y experta en temas de salud mental.

-¿Cuál es el principal problema que presenta este proyecto?

-Esta ley surge a partir de una iniciativa parlamentaria y estas no pueden comprometer ninguna acción, declaración, planteamiento o normativa que implique acciones presupuestarias. No es parte de sus facultades. No puede decir que el Estado destine tanta plata, que se aumente o que se generen nuevos planes, no puede plantear temas que afecten el presupuesto de la nación. Entonces es difícil que pueda abordar la salud mental desde una perspectiva integral, porque cuando tú declaras aspectos promocionales, preventivos, de rehabilitación y de inserción, necesariamente vas a ir a servicios, planes, programas, y eso tiene efecto presupuestario. Por lo tanto, los legisladores no pueden plantearse desde ese punto de vista. Eso es sólo prerrogativa del poder ejecutivo, es el único que puede proponer una ley que afecte el presupuesto”.

-¿Es entonces sólo una declaración de buenas intenciones?

-Claro. Uno podría decir que como es una “ley de salud mental”, Chile por fin promulga su primera ley de salud mental o que habla de salud mental y eso genera un flaco favor, porque somos uno de los pocos países en el mundo que no tenemos ley de salud mental, que no nos hemos pronunciado. Podemos hablar de cuán buena o no son esas leyes, pero en términos legislativos no tenemos una ley de salud mental. Entonces eso es un riesgo, porque promulgar una mal llamada ley de salud mental, uno podría confundirse y podríamos pasar años nuevamente sin contar como país con una ley de salud mental.

-De todos modos, ¿esto es un avance?

-Todo lo que apunte a mejorar la situación de las personas que tienen afecciones de salud mental es bueno. El problema es que la ley no da respuesta a la profundidad del problema en el que estamos. Falta prevención, promoción y asociación de recursos. Aún destinamos un 2,3% del presupuesto de salud en salud mental y eso desde todo punto de vista es insuficiente. No sólo por lo que gastan otros países, sino porque organismos internacionales como la OMS hace más de 10 años que le ha sugerido a Chile que su presupuesto en salud mental debería ser del 5%. Hay otros países en Latinoamérica que destinan 5% o 4%, en los países de la OCDE es un 8%, 9% u 11% de su presupuesto en salud mental.

-¿Qué se financia con ese 2,3%?

-Ese presupuesto está orientado a financiar servicios de salud mental en hospitales psiquiátricos y generales, pero hago dos observaciones. Una es que está muy orientado a tratamiento, con una lógica biomédica, con una atención de especialistas, fármacos, a una mirada más clínica. Aún cuando el Plan de Salud Mental que está elaborado y publicado habla de integralidad, dice que ésta tiene que ser promocional, preventiva, con tratamiento y rehabilitación de las personas y sus comunidades, Chile tiene todavía un foco muy preferencial en el tratamiento. Pero cuando abordamos a las personas, ya vienen con un deterioro muy avanzado de su salud mental. Te encuentras con gente con una depresión diagnosticada por mucho tiempo y, por lo tanto, se tiene que invertir en tratamiento y rehabilitación que es mucho más caro que invertir en prevención y promoción.

-Es una salud mental muy enfocada en lo individual.

El tema de la salud mental es muy ingrato para la gente. Si trabajas y tienes una licencia de salud mental,  eres poco productivo. Y, además, existe mucha estigmatización, generado una discriminación que se traduce en aislamiento, exclusión, en donde nadie quiere decir, nadie quiere reconocerse depresivo porque es mal visto, es como no podérsela y eso tiene que ver con el modelo de desarrollo que tenemos hoy. En un contexto comunitario se valora más la diferencia, la diversidad, el aporte que hace el vecino, en ese escenario tú puedes trabajar de una manera más transversal y no sólo desde el que tiene que destacar, del que se la puede y que va en contra de la lógica de apoyo social y de lo comunitario. En Chile tenemos un Plan de Salud Mental que es bastante integral, es un buen orientador y traductor de la mirada de la salud mental. El problema es que en la práctica tiene muchas limitaciones. Una de ellas son los recursos y otra hacia dónde se orientan esos recursos.

María Isabel sostiene que en el Hogar de Cristo se promueve que los recursos estén orientados hacia un abordaje comunitario de la salud mental, generando una mayor inversión en aspectos promocionales y preventivos y también en la recuperación y reinserción de las personas en su comunidad. Y abunda así en el punto: “Hoy muchos de los recursos van a lo hospitalario, a la consulta del especialista, pero las personas llegan ahí cuando están muy complicados. Si trabajáramos con una distribución de recursos y mirada más integral de la salud mental, probablemente tendríamos mejores resultados que los que tenemos hoy. Por otro lado, la intensidad de implementación es distinta por cada gobierno y puedo tener un Plan de Salud Mental declarativo fantástico, pero si estoy invirtiendo un 2,3% del total del presupuesto de salud en salud mental no lo voy a poder implementar como lo estoy diseñando. De ahí viene esto que la salud mental es lo postergado, el pariente pobre de la salud en Chile”, agrega María Isabel sobre el Plan de Salud Mental 2017-2025 del Ministerio de Salud.

-¿Puede que con la promulgación de esta ley el tema se quede dormido y no pasemos a una ley desde el Ejecutivo, que implique recursos estatales?

-Tenemos hoy una oportunidad para poder dar una respuesta oportuna, robusta y de fondo a los problemas de salud mental en Chile y esta ley que está ad portas de ser promulgada no resuelve esa situación y podría conducir a que nos quedemos dormidos como país frente a esta situación que hoy tiene efectos concretos, pero que no sabemos cómo será a largo plazo respecto de los niños, jóvenes, adultos mayores. Hoy estamos arriba de la ola. Hay una proyección que realiza la OMS que habla del aumento de la discapacidades asociadas a temas de salud mental y que son los problemas que se vienen. Uno de los temas relevantes, entonces, es mirar el futuro en salud mental oportunamente y de forma adecuada. Lamentablemente, las respuestas que hemos tenido como Estado han sido insuficientes siempre.

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