Santiago Bachiller:

Este argentino que ha investigado el sinhogarismo en Europa y en varios países de Sudamérica es el expositor estelar en el seminario con que el Hogar de Cristo presentó hoy 20 de julio su Modelo Integrado de Servicios (MISE) para la inclusión de las personas situación de calle. La propuesta es pasar del asistencialismo a un enfoque de derechos que permita resolver esta verdadera emergencia social que muchos asumen como parte del paisaje.

Por Ximena Torres Cautivo / Publicada por El Mostrador

20 Julio 2021 a las 16:42

Entre un 42 y un 45 por ciento de pobreza tiene hoy Argentina, país que fue el más rico del mundo a finales del siglo 19, como se suele siempre recordar. Eso representa a unas 20 millones de personas, más que toda la población de Chile. De ellas, el argentino Santiago Bachiller (47), doctor en antropología social, experto en exclusión social, desigualdad y hábitat popular, destaca a los que llama “pasilleros”.

-Los pasilleros son personas que duermen en los pasillos, en las callejuelas, de las villas miseria del gran Buenos Aires, suelen estar vinculados a las mafias del narcotráfico y presentan problemas severos de consumo de drogas; personas que ni siquiera son contadas por los censos oficiales. Son gente completamente invisibilizada por las estadísticas, pero que representan la pobreza más cruda de estas barriadas de infraviviendas.

Bachiller es el experto internacional invitado a comentar el Modelo Integral de Servicios (MISE) para la Inclusión de las Personas en Situación de Calle, publicación que presenta esta semana en un seminario online el Hogar de Cristo. Un trabajo que para el especialista de la Flacso argentina “está  muy bueno, es súper serio, hecho por gente que conoce mucho el tema, porque trabaja en los territorios y con las personas. Es una verdadera tesis de doctorado, y lo que más me gusta es que tiene el mérito de la autocrítica. Eso nunca lo vas a encontrar en los gobiernos, porque siempre están desbordados por las urgencias y eso los lleva a intentar mostrar sólo éxitos. La urgencia del día a día no permite reflexionar. Ese ejercicio es valioso, honesto y muy valorable. Tiene, sin duda, alcances latinoamericanos”.

Bachiller fue investigador del proyecto Red Calle de países latinoamericanos para el desarrollo de políticas de atención a las personas en situación de calle, una convocatoria de la Unión Europea para proyectos de cooperación Sur-Sur, que se desarrolló entre 2016 y 2019. O sea, sabe de qué habla. Y mantiene contacto periódico con investigadores de todos los países de la región.

-Trabajaste el tema en Colombia, Costa Rica, Paraguay, Uruguay y Chile. Luego se sumó Argentina. ¿Cómo es la realidad de las personas de calle en cada uno de ellos?

-Existen una serie de problemas comunes, pero grandes diferencias en la historia y en el estado de bienestar de cada país. En Paraguay, por ejemplo, no tenían ni una sola plaza para personas en situación de calle, sí para niños y para adultos mayores. Comparativamente, Chile tiene un desarrollo mucho mayor. Pero aún no se pasa del asistencialismo a políticas sociales de protección de derechos, eso que en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda se inició en los años 90, con el modelo Housing First, creado en Nueva York por Sam Tsemberis. Acá los gobiernos tienden a hacer declaraciones respecto de estos temas,  pero no pasan de ahí. No se comprometen con programas centrados en derechos.

-¿Cómo viste a Chile en relación a los otros países de la región que estudiaste?

-Yo creo que en Chile, los gobiernos de derecha han hecho harto más por visibilizar y abordar esta realidad. Probablemente este juicio resulte antipopular y a algunos no les guste oírlo, porque igualmente lo hecho es insuficiente, pero en comparación con los demás países hay mayor conciencia y avances, en especial frente a mi país, donde ni siquiera hemos logrado tener una política nacional para las personas en calle. El déficit común a todos es la falta de coordinación entre los diferentes ministerios y servicios, aunque Argentina está peor. En todos los países, siempre hay un ministerio al que le toca hacerse cargo y los demás miran para el lado y así no se puede hacer un buen trabajo. En Chile, ha sido el Ministerio de Desarrollo Social y ahora de manera medio timorata el de Vivienda y Urbanismo se ha empezado a acercar al tema a propósito de Vivienda Primero.

A NO “CRONIFICAR” LA CALLE

-¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en el aumento de las personas en situación de calle en la región?

-Es difícil cuantificar, estando incluso nosotros, los investigadores, encerrados por las cuarentenas, pero éstas han agravado la pobreza, lo que ya está generando un aumento de la población en situación de calle, en particular de algunos perfiles específicos, como son las mujeres y los niños que escapan de la violencia doméstica. En Buenos Aires, se están produciendo muchos desalojos de gente que no puede pagar su alquiler. Y, con la pandemia, la competencia por el espacio urbano se ha vuelto mayor también. Las personas en situación de calle están siendo expulsadas de los espacios de ocio, de los parques, por ejemplo.

Santiago Bachiller insiste en que el gobierno aplica en estos casos políticas que consisten en focalizar las ayudas, en compartimentar a las poblaciones para hacer la problemática más abordable. Centrar los recursos en los grupos más visibles y que generan más indignación pública. En este sentido, afirma: “La gente de calle es apenas la punta del iceberg, pero hay una masa de hielo oculta, que son los cientos de miles de personas viviendo en villas miserias, que ahora están dejando incluso de pagar por una habitación dentro de la villa y terminando en la calle, así como los pasilleros de los que te hablaba”.

-¿Qué instituciones similares al Hogar de Cristo existen en Argentina?

-No, no tenemos nada parecido, nada con el alcance del Hogar de Cristo, que maneja una cantidad enorme de plazas, de camas, para personas en calle, que es equivalente a la del sistema de atención del gobierno de Buenos Aires. Como te dije: no tenemos diagnóstico nacional, ni del Estado ni de las oenegés. Sabemos muchísimo menos que ustedes. Hay poca información, muy escondida, con alta presencia de mujeres en calle de familias, lo que con esta maldita crisis sanitaria probablemente se va a incrementar.

–De acuerdo a tu experiencia, ¿qué recomiendas para prevenir que siga aumentando el número de personas en situación de calle? En una entrevista con El Mercurio hablaste de la metáfora de la bañera.

-Quienes investigan el tema de la situación de calle suelen apelar a esa metáfora, a los esfuerzos por evitar que se rebalse de agua. Podemos tomar un balde y quitar toda el agua posible; esa sería la función de las políticas paliativas. Pero si no cerramos el grifo, nuestros esfuerzos permanentemente serán desbordados: por más que contemos con excelentes programas de inclusión social, la cantidad de gente que sale será menor respecto de la que llega o incluso reincide en la situación de calle. Entonces, debemos garantizar políticas universales que beneficien al conjunto de la población. Si realmente queremos acabar con la situación de calle, en vez de conformarnos con la gestión de este flagelo social, debemos regular mercados que expulsan o precarizan la vida de millones de personas, como el de la vivienda o el trabajo, debemos garantizar un sistema de salud y de educación de calidad y accesible a todos los sectores sociales, apostar por un sistema impositivo menos regresivo…

En definitiva, ir a las múltiples causas del problema, como indica el Modelo Integrado de Servicios (MISE), que propone el Hogar de Cristo, con foco en las personas y sus singularidades. Así lo explica el experto: “Se tiende a una representación homogénea de la población en situación de calle, cuando las trayectorias vitales de estas personas son muy heterogéneas. Uno de los problemas que suele tener la intervención es que ofrece productos enlatados, las mismas respuestas a grupos muy diversos: el tiempo de estadía en calle es un factor clave: las necesidades de un joven con problemas de consumo que escapó de un hogar violento son muy distintas a las de un inmigrante; las expectativas de superar la situación de calle serán diferentes en una mujer que reside en la calle con sus hijos respecto de un hombre que gira por la ciudad en solitario y padece un problema de salud mental. Un aspecto fundamental es detectar rápidamente a las personas que llevan poco tiempo en situación de calle, ofrecerles una serie de servicios y programas que eviten la generación de redes y estrategias de subsistencia, reencausando su sociabilidad y haciendo de la calle su espacio vital y cotidiano, evitando lo que se conoce como la cronificación de la situación de calle”.

Centrar la intervención en cada persona y en sus historias de vida la hace partícipe de su proceso, insiste Bachiller, quien sentencia: “En definitiva, precisamos contar con una política integral de programas y servicios capaz de amoldarse a las distintas necesidades y expectativas de una población absolutamente heterogénea”.

VEINTE AÑOS MENOS DE VIDA

-Si además de esto resulta tan evidente que ministerios y servicios deben trabajar de manera coordinada, ¿por qué no se logra ese trabajo conjunto? 

-Parte del problema reside en que las políticas públicas, como las destinadas a las personas en situación de calle, son políticas gubernamentales, más no políticas de Estado. Es decir, dependen de las coyunturas políticas. Entonces, ante un cambio de gestión, las decisiones fundamentales se paralizan, el funcionamiento de los programas y dispositivos dependen del apoyo político que asegure, por ejemplo, la continuidad del financiamiento y los recursos, o incluso la nueva gestión repudia todo lo hecho por sus predecesores, negando las experiencias acumuladas y las lecciones aprendidas en el pasado.

-¿Y qué pasa con la sociedad toda, que tiende a naturalizar a las personas en situación de calle como parte del paisaje, sin darse cuenta de la tremenda emergencia social que representa, o –peor aún– a estigmatizar a las personas?

-La asociación entre la situación de calle y el delito es un prejuicio que debe ser desmontado, porque no se sostiene con estadísticas. Las estadísticas muestran que las personas en situación de calle suelen

ser víctimas más que victimarios de hechos de violencia. No me refiero solamente a la violencia institucional, la cual han padecido a lo largo de todas sus vidas, y que suelen continuar padeciendo cuando las fuerzas de seguridad (públicas o privadas) los expulsan de los sitios donde se han afincado. Hay estudios que muestran que la esperanza de vida en la gente en situación de calle se acorta 20 años respecto de la media poblacional; del mismo modo, estos grupos sociales son más propensos a sufrir muertes violentas, abusos sexuales, palizas, robos respecto del resto de la ciudadanía. Más aún: un porcentaje significativo de personas en situación de calle tuvieron una experiencia de prisión. Lo único que este dato permite inferir es el fracaso de las instituciones de reinserción social, pues cuando una persona abandona una cárcel y no tiene dónde ir, terminará en la calle. Por último, tengamos presente que la enorme mayoría de las personas en situación de calle detenidas son imputadas por “disturbios en la vía pública”. Me refiero a cuestiones como beber, orinar, o tener sexo en la calle. Entonces, condenamos a alguien por realizar este tipo de actividades en el espacio público, omitiendo un hecho fundamental: les hemos quitado la posibilidad de contar con un espacio privado. ¿Dónde beber, dónde orinar, dónde tener sexo cuando no disponemos de ese espacio que nuestra sociedad ha destinado a ciertas prácticas que calificamos como íntimas, como privadas? Para dejar de ligar a estas personas con la delincuencia y entender que la realidad es más compleja, precisamos campañas de sensibilización; charlas de concientización en los colegios. Asimismo, las fuerzas de seguridad y el poder judicial terminan siendo actores claves en la vida cotidiana de las personas en situación de calle. Por consiguiente, son fuerzas que deberían involucrarse en las políticas públicas que pretenden adoptar un enfoque de derechos en pos de la promoción social de las personas en situación de calle.

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