Bastó que Gabriel Boric publicara que padecía de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) para que recién la sociedad se enfocara en saber qué es esa enfermedad. Lo importante, a partir de su revelación, es constatar cuán tabú es la discapacidad mental: poquísimos están dispuestos a admitirla y muchos la padecen.
Según la Casen 2017, casi 391 mil personas declaran tener alguna dificultad psiquiátrica, mental o intelectual, un 33% más que las 294 mil que había en 2015. Más de 86 mil viven en pobreza multidimensional, un 39% más que en 2015.
En este contexto, ser pobre y tener discapacidad mental se traduce en una doble exclusión. Son los más marginados. Y Chile está al debe, no solo porque el presupuesto para salud mental es el 2,3% del total del presupuesto destinado a Salud, lo que nos deja bajo la recomendación de la OMS, que es de al menos un 5%; también está en deuda con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada en 2008, porque hay leyes en abierta contradicción con los estándares asumidos. La Ley 18.600 permite privar de capacidad jurídica a las personas con discapacidad mental sin debido proceso. Y la 20.584 autoriza esterilizarlas.
Por eso, que Boric haya transparentado su TOC es positivo: reconoce una realidad que puede tocarle a cualquiera y contribuye a generar un cambio de mirada menos estigmatizadora y excluyente frente a la discapacidad mental y quienes la padecen.