Reportaje:

A propósito del estudio “Ser Niña en una Residencia de Protección en Chile”, recientemente publicado por el Hogar de Cristo, revista Sábado de El Mercurio investigó cómo operan las redes de explotación sexual que acosan a las adolescentes bajo la protección del Estado, con “falso cariño y drogas”, para integrarlas a su nefasto negocio. El reportaje publicado por El Mercurio este primero de mayo se hace cargo de las denuncias hechas en el capítulo 6 de nuestra publicación y se basa en lo padecido en dos residencias, una en Viña del Mar y otra en Antofagasta, que hoy no existen.

Por Matías Sánchez, publicado por Revista Sábado, El Mercurio.

2 Mayo 2021 a las 16:48

“No sé cómo ni cuándo se enteraba de que llegaban niñas nuevas a la residencia”. Al teléfono, Paula se cuestiona sobre los hechos que presenció en 2019, cuando era trabajadora social de la residencia Anita Cruchaga, ubicada en el sector de Recreo, en Viña del Mar.
La casa pertenecía al Hogar de Cristo, subvencionada por el Servicio Nacional de Menores (Sename) como entidad colaboradora “No sé qué información tenía él, pero incluso sabía cuándo una niña iba a ser trasladada del hogar. Algo raro había”. Paula no es su verdadero nombre. Por su seguridad, pidió resguardar su identidad. En su relato se refiere a S, un joven de 25 años que solía contactar y acechar a las adolescentes de la residencia. Dice que S. no actuaba solo, sino que era el nexo entre las adolescentes y seis adultos, de 23 a 32 años, que se mencionan en la querella presentada tiempo después por el Hogar de Cristo. Según el documento, ellos aseguraban ser “pololos” de las niñas, que bordeaban los 15 años, y las invitaban a fiestas a las que asistían más hombres, mayores de 50 años, donde había alcohol y drogas. “Es complejo ver a chiquillas así. Ya vienen con una realidad familiar expuesta y se repiten las vulneraciones de sus derechos, pero ahora en un hogar protegido”, comenta Paula sobre el grupo de adolescentes de la residencia viñamarina. Muchas de ellas ya cargaban con una historia de abuso o explotación sexual a cuestas.
Para entonces, Paula llevaba más de 10 años como trabajadora social, pero confiesa que era primera vez que se enfrentaba a una situación de este tipo, Cuenta que S y su grupo utilizaron un método que logró captar a las niñas del hogar: “Falso cariño y drogas”. Detalla: “Volvían de las fiestas en mal estado, muchas veces las vi dopadas. Se hicieron dependientes de S. Y de su droga. Una de ellas estaba embarazada”. Dice que en su mente aún está grabado el día en que una niña regresó de una fiesta, tres días después de haber escapado de la residencia Anita Cruchaga. Pero le cuesta encontrar las palabras adecuadas para relatar la escena. “Era uno de los casos más complejos, porque estaba muy metida en el tema de la explotación sexual… Recuerdo que llegó muy drogada, estaba ida. Tenía 15 años y llevaba puesto unos jeans blancos. Toda su zona genital estaba llena de sangre y su pelo manchado con semen”.

La residencia Anita Cruchaga comenzó en Quilpué, en la Región de Valparaíso. Allí, en 2010, el Hogar de Cristo creó la casa, colaboradora del Sename, para trabajar con niñas en situación de vulnerabilidad. En mayo de 2018 fue trasladada al sector de Recreo, en Viña del Mar, con un nuevo modelo de trabajo.
“Se implementó este plan piloto, bajo estándares internacionales, para mejorar las residencias de la fundación, en relación a instancias de intervención especializada y orientadas a los casos más extremos y complejos de vulneración de derechos, con estadías que duren el menor tiempo posible y se constituyan como intervenciones transitorias”, explica Carlos Vöhringer, director técnico nacional del Hogar de Cristo.

El hogar Anita Cruchaga llenó sus cupos con 10 niñas, de entre 12 y 17 años. Algunas de ellas venían desde la residencia de Quilpué, “porque ya estaban en una situación de explotación sexual, entonces queríamos tenerlas en este nuevo barrio, el que era más seguro y controlado. Pero para nuestra sorpresa, a los pocos meses las niñas nuevamente fueron contactadas por abusadores y redes de explotación sexual”, explica Vöhringer. Todas las adolescentes de la residencia compartían un pilar en sus historias de vida: la falta de responsabilidad y cariño de sus padres, junto con ser víctimas de violencia física. Además, la mayoría había sido abusada sexualmente, estando con sus familias o bajo la protección del Estado. En octubre de 2018, la psicóloga Carolina González asumió como jefa de operación social-territorial del Hogar de Cristo en Valparaíso. Allí conoció a las involucradas en la red de explotación sexual del hogar. Varias veces vio por la ventana cómo S. las esperaba afuera de la residencia y les daba regalos, como maquillaje, ropa y dinero; o las invitaba a las fiestas.

“El programa piloto intentaba asimilar la residencia al ambiente de una casa común y corriente”, explica Carolina González. “Casi todas las niñas tenían una pieza privada y su propia ropa. Allí dormían y en el día iban a sus respectivos colegios. Además, podían ir a otras casas o juntarse con amigos después de clases, siempre informando dónde y con quiénes estarían. El trato del equipo del hogar era como si fuésemos una familia con hijos adolescentes. Había límites, horarios y rutinas. Más que permitir, se conversaba con ellas sobre las salidas”, dice González. “Las puertas estaban siempre abiertas. Se espera que el trato con las niñas sea más amoroso, no carcelario. Ellas son víctimas de una situación, no responsables”.
Por lo tanto, es un sistema abierto, y en la noche se cerraba con llave, como en todas las casas”. Paula, la ex trabajadora de la residencia, agrega: “Con puertas abiertas o cerradas, las niñas iban a caer igual. El problema no era la metodología de trabajo del hogar, eran sus historias de vida y la explotación sexual que arrastraban desde Quilpué”.

Antonia —su nombre fue cambiado—, de 14 años, era uno de esos casos.

Antes de llegar al hogar, sufrió el abandono de su madre y creció en un campamento del sector. Su padre perdió su tuición por abusar sexualmente de ella. A los 12, la niña ya registraba consumo de cocaína y marihuana, y explotación sexual. Antonia fue una de las primeras en tener contacto con S, al ingresar al hogar de Viña del Mar en 2018, según detallan informes de la investigación. A través de ella, S. Logró cautivar a las otras adolescentes, Incluso, Antonia se refería a él como su “pololo”. “S. logró traspasar las rejas de la residencia. “Ellas decían que él era bueno, que las ayudaba y que las quería. Lo defendían a muerte”, comenta Paula.
La explotación sexual comercial en niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) es considerada como una de las formas más atroces de abuso de poder de un adulto sobre un niño y una manera moderna de esclavitud, explica Denisse Araya, directora ejecutiva de la ONG Raíces, quien lleva más de 20 años trabajando con este tipo de casos. “No cualquier niña llega a la ESCNNA. Si lo hizo es porque ha sido vulnerada en todos su derechos, entonces viene un tipo, le habla bonito, la trata como persona y ella cae. Y van a seguir cayendo, porque vienen de una vida dura, de violencia permanente, abusadas por los más cercanos y ahora les están pagando por algo que les han hecho toda la vida. Tampoco se sienten víctimas, incluso defienden al proxeneta, porque son los únicos que se han ocupado de ellas”, dice Denisse Araya.
Un año después de la llegada de Antonia, la residencia Anita Cruchaga informó al Tribunal de Familia de San Felipe que “persiste en vulneraciones relacionadas a dinámicas de explotación sexual comercial, así como consumo de alcohol y estupefacientes, durante salidas no autorizadas. A pesar de las coordinaciones con el Ministerio Público y Policía de Investigacione, no se han logrado mayores avances en este ámbito, agravándose el involucramiento de la adolescente con esta red. Se han recibido antecedentes, por parte de otras compañeras de la residencia, respecto de posibles conductas de facilitación en las que estaría incurriendo Antonia”.

Paula asegura que las adolescentes, al momento de escaparse, lo hacían todas juntas. “Cuando regresaban de las fiestas, las educadoras les abrían la puerta del hogar y ellas comentaban abiertamente lo que habían hecho con los adultos y las drogas que consumían, que solía ser marihuana, clonazepam con alcohol, cocaína y pasta base”. Esas situaciones eran registradas por el Hogar de Cristo e informadas a los tribunales de familia. Victoria —su nombre fue cambiado—, de 16 años, fue otra de las adolescentes denunciada por sus fugas: “Regresó a la residencia a las 22:15 horas con evidente consumo de drogas”, detalla uno de los informes. Ella también arrastraba un historial de abandono.
Después de que su abuela murió, su tuición regresó a su madre, la que vivía con una pareja alcohólica que las golpeaba a ambas. El padre estaba en la cárcel. Según documentos incluidos en la investigación, Victoria se encargaba, a pedido de S, y su grupo, de vender y guardar drogas al interior de la residencia. En el informe se detalla que las compañeras afirman que Victoria “facilita el acceso al consumo de marihuana de sus compañeras, presumiendo que la droga que posee es por medio de su participación del microtráfico, siendo posible hipotetizar que, en la actualidad, estaría ejerciendo algún cargo de ´soldado´”. En julio de 2018, el Hogar de Cristo puso una querella criminal por obtención de servicios sexuales a menores de edad en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar Informó sobre cuatro adolescentes de la residencia y los nombres de los seis adultos involucrados. S y su grupo fueron notificados de la querella y quedaron con órdenes de alejamiento. Tres meses después, la fundación informó al mismo juzgado que el equipo seguía presenciando el acecho del grupo de adultos: “A pesar de las condiciones que nuestro programa ha realizado con las policías, como la realización de rondas periódicas cercanías de la residencia, los querellados han mantenido el contacto con las niñas”.

Un año después de que la querella fue interpuesta, Paula confiesa que la lentitud de la investigación era un tema recurrente entre los trabajadores de la residencia, También, el accionar de los policías, “Siempre llamábamos a Carabineros, pero nunca se llevaban detenido a S. Él se sentía dueño de la residencia, de que nada le iba a pasar. Se paseaba libremente por afuera del lugar”. Carolina González asegura que muchas veces intentaron persuadir a las adolescentes de no salir, con la intención de mantener a S, esperando mientras llamaban a Carabineros. “Pero la realidad es otra. Se demoraban mucho en llegar, porque está normalizado que las niñas se escapen. La responsabilidad estaba puesta en ellas, en vez de la red de explotación sexual. Algunos nos decían: ´´nciérrenlas, no las dejen salir´, ‘están haciendo mal su pega” o ´les tuvieron que haber dado una buena retada´”. Ya no sabíamos qué hacer”.

A modo de “sensibilizar”, cuenta Carolina González, el equipo invitaba a carabineros a las celebraciones del hogar, para que conocieran a las adolescentes. Así, en caso de necesitarlos, podían llegar más rápido. “Nosotros no somos responsables de sensibilizarlos, pero estamos trabajando con niñas extremadamente dañadas y vulneradas, entonces tratamos de apoyarlas en todo. Con el equipo nos cuestionábamos: ¿por qué tenemos que depender de la buena voluntad de alguien? Ahí te das cuenta de que todo el sistema falla. Para el equipo la situación era muy frustrante. Sabíamos que cada vez que las niñas no llegaban a dormir estaban siendo explotadas sexualmente, viviendo una situación de riesgo. Muchas se contagiaron de infecciones de transmisión sexual. Duele saber que no las puedes sacar de ahí, que no están las condiciones legales para hacerlo”, enfatiza González.

En abril de 2019, la residencia Anita Cruchaga informó al Tribunal de Familia de San Felipe sobre otra situación que involucraba a S. Según testimonios de otras niñas, entregados a educadoras del hogar, S “le echó algo en el trago y tuvo relaciones sexuales con ella”. El equipo también informó que la adolescente manifestó que “mantuvo relaciones sexuales no consentidas. No se acordaba del acto sexual mismo ni de haber tenido intención previa de entregar su consentimiento”.
A pesar de no recordar mayores detalles, había existido penetración por parte de S. En el último tiempo, Carolina González confiesa que las adolescentes solían llamar al equipo de la residencia para que las fueran a buscar a las fiestas. “Recurrían a nosotros, porque sufrían de violencia física o se sentían mal después de consumir tanta droga, entonces las dejaban botadas en la calle. Nos llamaban harto. Ellas eran unas niñas chicas, guaguas. Uno las mira y, físicamente, son unas niñas”.

“A modo de pago, llegaban con sushi o papas fritas. Cosas que nosotros sí les podíamos dar, pero la satisfacción de sentirse parte de algo, queridas por alguien, aunque les hicieran algo, lo agradecían”, agrega Paula, ex trabajadora social de la residencia. La reparación de una niña en explotación sexual comercial comienza con los afectos y cariño propios, explica Denisse Araya, de la ONG Raíces. Un proceso que dura, al menos, tres años. “Tienen que visualizar su vida junto con su dignificación, no les puedes decir a las niñas ´´olvídate del proxeneta y de todo lo vivido´. Pero el Sename solo te da un año para hacerlo, porque es muy caro. Antes de que la niña llegue a la explotación se pudo haber prevenido, un deber que es del Estado”. Denisse Araya asegura que seis de cada 10 casos con los que ha trabajado por ESCNNA logran completar el proceso de reparación. “En algún momento hacen clic y literalmente vomitan. Todos vomitan, les da asco, no quieren sentir olores ni escuchar un tipo de música. Es tremendo, porque te golpean al darse cuenta, sienten una rabia que les sale desde las entrañas. Pero te aseguro que esa niña no vuelve más a la explotación, porque se da cuenta de las asquerosidades que vivió, de la violencia que tuvo que aceptar”. Sobre los otros cuatro casos que no logran completar el proceso, Araya explica que “no salen adelante y se convierten en facilitadoras de otras adolescentes”. En junio de 2019, el Hogar de Cristo informó al Tribunal de Familia de San Felipe que Antonia y una compañera de ella fueron levadas a declarar a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, tras recibir amenazas de por nuevas denuncias que se realizaron en contra de él y su grupo. Según consta en el documento, S les dijo que “si las denuncias eran ciertas y estaban aportando información, se las verían con él, mientras les mostraban un cuchillo y una pistola”. S abandonó a las niñas en el reloj de flores de Viña del Mar a las 03:00 hrs. Antes de partir, les advirtió que “si no cumplen, voy a quemar el hogar”.

Cuatro meses después, el 10 de octubre de 2019, la residencia Anita Cruchaga se quemó por completo.

RESIDENCIA LAURA VICUÑA DE ANTOFAGASTA

En pleno centro de Antofagasta, a pasos de la avenida principal, está ubicada la residencia Laura Vicuña, que pertenece al Hogar de Cristo. Allí vivían adolescentes de entre 13 y 16 años, también con historiales de vulneración de sus derechos y estancias en otros hogares del Sename. La mayoría había sufrido violencia intrafamiliar, maltratos físicos y abusos sexuales por parte de sus padres, algunos extranjeros. Incluso, una de ellas nació en la cárcel. En 2018, Andrea Cox, trabajadora social, asumió como jefa de operación social-territorial del Hogar de Cristo en Antofagasta. Ese mismo año se unió a la residencia Laura Vicuña, liderando un equipo que trabajaba con 17 adolescentes.
Cox, en la primera reunión a la que asistió, en la que participaron la directora del hogar y funcionarios de Tribunales de familia, se conversó sobre el riesgo que vivían nueve niñas del hogar, las que solían escaparse y eran llevadas a fiestas con adultos en un campamento del sector. “Se hablaba de cómo las niñas estaban siendo gravemente explotadas sexualmente. Era compleja la situación, estos tipos eran como un virus, un imán en el hogar. Siempre creaban una estrategia para derribar nuestros obstáculos. En Antofagasta, una residencia de niñas es un blanco fácil para las personas que quieren abusar de ellas”, dice Andrea Cox. Eran seis los hombres, de entre 27 y 30 años, que acechaban e invitaban a fiestas a las adolescentes de la residencia Laura Vicuña. Algunos eran extranjeros. El contacto lo establecía M, un joven de 25 años, según documentos incorporados a la carpeta de investigación. A diferencia de la residencia de Viña del Mar, Laura Vicuña funcionaba bajo un programa de modalidad simple; es decir, las niñas no presentaban historiales de mayor complejidad ni de explotación sexual comercial. Sin embargo, asegura Andrea Cox, “Sename sí nos trataba como una residencia especializada. Recibimos casos muy complejos, lo que no calzaba con los recursos que nos entregaban. Dada la poca oferta que existe en la región, igual se recibía a la niña y su tratamiento se completaba con programas anexos. Pero nunca nos llegaron informes sobre ellas. Sí estábamos capacitados para sanar sus vulneraciones, pero, de haber sabido que había niñas con historial de ESCNNA, hubiésemos evaluado si era la residencia correcta para ellas. Todo lo descubrimos en el camino”, acusa.

Sofía —su nombre fue cambiado— de 15 años, era la adolescente encargada de invitar a sus compañeras de la residencia a las fiestas con los hombres. Todo motivado por M, a quien llamaba su “pololo”, según documentos incluidos en la investigación. Ingresó a la residencia Laura Vicuña en 2017. No tenía contacto con familiares cercanos y estaba diagnosticada con trastorno bipolar, por el alto daño asociado a su historial de vulneración. Cuando se fugaba del hogar, Sofía se iba a la casa de M en un campamento del sector. A pesar de que el hombre la golpeaba, ella decía ser la “dueña de casa”, según sus declaraciones en informes de programas del Sename. A las fiestas también llevó a su prima, de la misma edad, donde M la violó, hecho que fue denunciado en la Fiscalía de Antofagasta.

“Sabíamos que se iban a escapar, porque las monitoras las veían arreglándose o escuchaban sus conversaciones. Era la única forma de saber lo que hacían. Tratábamos de persuadirlas, pero nos decían: ´Tía, no se preocupe, nos vamos a portar bien´. Pero sabíamos que no. M. y su grupo les mandaban mensajes, les decían que las querían, que ellos las iban a cuidar. Por sus relatos nos enteramos de que estos hombres hacían que tuvieran relaciones sexuales con otros más”, relata Andrea Cox.

Marcela —su nombre fue cambiado—, de 16 años, era otra adolescentes que mantenía contacto con M y su grupo cuando regresó en 2019. Antes, había sido egresada y se fue a vivir con su hermano, pero volvió tras ser abusada sexualmente por él. A los días se volvió cercana a Sofía y comenzaron a escaparse. Tiempo después, Marcela “mantendría consumo abusivo de drogas y alcohol. También mantendría una relación sentimental con un hombre de 30 años (parte de la banda de M). Se sospecha la existencia de intercambio sexual por drogas, siendo el mayor responsable del incremento del consumo de la adolescente”, detallan documentos de la investigación.

Durante dos años, el equipo de la residencia Laura Vicuña luchó contra los acechos de M, a pesar de tener orden de alejamiento con las adolescentes y el hogar: Andrea Cox recuerda con impotencia ese tiempo, ya que “cada vez se fue haciendo más evidente. Era duro estar siempre luchando con alguien que las dañaba. Constantemente nos preguntábamos cómo solucionar el problema”. Como medida de solución, agrega Cox, el equipo creó una mesa técnica, que incluyó al tribunal de familia, Sename, PDI e TNDH. “En varias reuniones preguntamos en qué estaba la investigación, cuándo iban a dar con los tipos, porque ya no podíamos más”. El Hogar de Cristo entregó toda la información obtenida sobre M y su grupo al Sename. En mayo de 2020, la Dirección Regional del Sename interpuso una querella criminal en la Fiscalía de Antofagasta. Dos meses después, una adolescente de la residencia pagó las consecuencias de la denuncia. La niña, de 15 años, estaba viviendo con su madre, tras ser egresada del hogar por completar su programa de reparación. Cuando tenía 4 años, su padre abusó sexualmente de ella y de su hermana de 12 años, la que quedó embarazada, según la denuncia de la madre en la Fiscalía de Antofagasta.
Mientras la niña dormía, en la casa de su madre, “individuos ingresaron, sin ser detectados, y habrían golpeado con un objeto contundente en su cabeza y (ella) cae al suelo”, según consta en la denuncia del Sename entregada al Juzgado de Garantía de Antofagasta. En esa ocasión, la madre de la niña llamó a Carabineros, “quienes informaron que se encontraban en otro procedimiento y que no tenían personal disponible para concurrir al domicilio. La víctima no pudo identificar a los agresores; sin embargo, logra percatarse que son extranjeros y, como ya se mencionó, presumen que son parte de la red de explotación sexual comercial que opera en un campamento (… de Antofagasta)”, detalla la denuncia del Sename en la fiscalía de la región.
Nicolás Soto, abogado del Hogar de Cristo que trabajó en ambas querellas de la institución, asegura que la ESCNNA no está penada por la ley, pero sí el favorecimiento habitual de la prostitución y obtención de servicios sexuales en menores de edad. “Se te va a juzgar por esos delitos, pero si lo repites con cinco niñas más, no existe alguna situación legal para hacerlo por red de explotación sexual comercial. En Chile no existe la sanción para el autor, como partícipe de una red de adultos, que se haya organizado para la vulneración sistemática de la intimidad sexual de adolescentes, con característica de vulnerabilidad social y psicológica”. Además, agrega el abogado Soto, las figuras actuales de delitos que existen no captarían el sentido de la vulneración y las penas terminan siendo más bajas. “Está muy asociado a la prostitución, pero aquí son adolescentes, o menores de edad, donde difícilmente están tomando una decisión lógica, madura y consciente de lo que están haciendo. Falta una reforma que permita regular y captar estos fenómenos, que hoy no se encuentran en la ley”.

Otro hecho que afectaría este tipo de casos son los plazos actuales de la justicia en relación a los procesos de medidas cautelares o querellas, explica Nicolás Soto. “Desde que pones la denuncia y el Ministerio Público formalice la investigación o solicite medidas cautelares, pueden pasar entre seis meses y un año. Todo requiere una serie de gestiones por parte de Carabineros o la PDI, que la mayoría de las veces no se logra. El ritmo de los procesos legales es distinto al ritmo de la red de explotación sexual. Son meses para lograr una notificación o conseguir una audiencia, pero los hombres están acechando todos los días y por semanas”. Hoy, tras las querellas puestas por el Hogar de Cristo, el Sename lidera el proceso legal por trata de personas y obtención de servicios sexuales en menores de edad.

El Sename, después de asumir la querella, en septiembre de 2020, terminó el contrato con la residencia Laura Vicuña, en Antofagasta, como entidad colaboradora. Sin el financiamiento, el Hogar de Cristo cerró la casa. De las nueve adolescentes involucradas en la red de explotación sexual, cinco regresaron con sus familias, Andrea Cox, jefa de operación social-territorial del Hogar de Cristo en Antofagasta, asegura desconocer la situación actual de las otras cuatro adolescentes afectadas, las que “estaban más metidas en el tema de la explotación”. Entre ellas está Sofía, de 15 años, la que decía ser “polola” de M.

Según documentos incluidos en la carpeta de investigación —a los que tuvo acceso “Sábado”—, en febrero de este a y su hermana de 14 años permanecían en la residencia de Aldeas SOS de la región. Allí, una trabajadora declaró haber escuchado una conversación entre ellas, en que Sofía “le insistía a su mana menor que fueran (a una fiesta), la que, en un principio, se negaba. Sofía culminó con la frase: “Te lo culeai y listo”. En la residencia Anita Cruchaga, que se quemó en octubre de 2019, se sospecha que el incendio comenzó en una de las habitaciones del hogar, después de una discusión entre el equipo y una adolescente, la que habría estado involucrada en la red de explotación sexual, según detallan documentos de la investigación y testimonios de trabajadores.

Finalmente, el Hogar de Cristo decidió no reconstruir la residencia y el equipo fue despedido. Paula, la extrabajadora social de esa casa, comenta que todas las niñas fueron derivadas a otra residencia, excepto una: la que supuestamente habría iniciado el incendio. “Ese día le perdimos el rastro, nunca más supimos de ella. Una encargada del aseo la vio escapando con dos bolsos”.

“Sábado” se contactó con el Sename para conocer el avance delas investigaciones abiertas, en relación a las querellas puestas contra un total de 12 hombres que habrían explotado sexualmente a las adolescentes de las residencias del Hogar de Cristo de Antofagasta y Viña del Mar. La institución informó que en el primer caso aún no hay formalizados. En Viña, en septiembre del año pasado, se inició la formalización de S, el joven de 25 años. Antonia, de 14 años, quien decía ser “polola” de S, terminó en la Residencia Familiar de Adolescentes de Quillota.
En marzo de este año, la institución informó al Tribunal de Familia de San Felipe que la niña aún mantenía la dinámica de salidas sin autorización. El documento de la residencia, al que tuvo acceso “Sábado”, detalla que el equipo del hogar fue a buscar a Antonia a la casa de un grupo de extranjeros.
El domicilio era el mismo que ya se había denunciado en 2019 por la situación de explotación sexual comercial, Antonia salió de allí con una lata de cerveza en sus manos y, según los testimonios, les dijo que era su vida y que había mantenido relaciones sexuales con los adultos, señalando textual: “Me prostituyo por dinero y cigarros”.

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Ser Niña en una Residencia de Protección en Chile